Artículo 2.2.2.1.1.3 del Decreto 1077 de 2015

Contenido de los actos administrativos que adoptan las determinantes de superior jerarquíaLibro 2 › Parte 2 › Capítulo 1

Para garantizar la claridad técnica y normativa que permita la coordinación y la incorporación de las determinantes en los instrumentos de ordenamiento territorial, los actos administrativos que las adoptan o modifican deberán prever, como mínimo, el siguiente contenido, sin perjuicio de los requisitos y trámites adicionales dispuestos en el marco normativo vigente aplicable a la determinante respectiva:

a) La delimitación geográfica y/o ámbito de aplicación de la determinante.

b) La zonificación con las restricciones de uso y ocupación, en caso de que aplique.

c) Las precisiones técnicas y jurídicas que resulten necesarias para la incorporación de la determinante en los instrumentos de ordenamiento territorial.

d) El informe de ejecución de la coordinación institucional, en el que se indica­rán las actividades desarrolladas y los acuerdos y medidas implementadas para armonizar la determinante con aquellas vigentes o en proceso de formulación, proyectos y demás instrumentos normativos y circunstancias de hecho que re­querirían la adopción de estas medidas, con los respectivos soportes. También se registrará la forma como las diferentes entidades y actores participaron en el pro­ceso de coordinación y los puntos de discrepancia que no hayan sido subsanados mediante consenso, explicando las razones.

e) Los soportes técnicos y jurídicos del acto administrativo, entre los que se inclui­rá:

Parágrafo 1°. Cuando por su naturaleza no sea posible establecer la delimitación geográfica y/o zonificación de una determinante, o en los casos en que estas deban definirse en actos posteriores a aquellos que la adoptan, la entidad encargada de adoptar o modificar la determinante deberá señalar la forma y alcance específico de aplicación, para su incorporación en los instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio.

Parágrafo 2°. Las entidades realizarán esfuerzos dirigidos a verificar la existencia de situaciones jurídicas consolidadas que podrían presentarse y ser impactadas con la adopción o modificación de las determinantes de ordenamiento territorial.