Artículo 3 del Decreto 859 de 2025
Concepto de otros niveles decisorios. Entiéndase para los efectos de esta ley, por "otros niveles decisorios" los que correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial".
Que los artículos 2.2.5.1.1 y 2.2.5.1.2 del Decreto 1083 de 2015, establecen la facultad para nombrar empleos en la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, respectivamente.
Que el Título 12, Sección 2, Capítulo 3 del Decreto 1083 de 2015, incorporado por medio del Decreto 455 del 21 de marzo de 2020, estableció las reglas para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres en la provisión de empleos del nivel directivo en la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.
Que el Estado colombiano adoptó, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), encontrando dentro de ellos la consecución de la igualdad de género y con una meta específica de "asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidad de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública".
Que el artículo 1 de la Ley 2424 de 2024 modificó el artículo 4 de la Ley 581 de 2000 en los siguientes términos:
"ARTÍCULO 4. Participación efectiva de las mujeres. La participación adecuada de las mujeres en los niveles del poder público definidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas:
3
a) Mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los cargos de máximo nivel decisorio de que trata el artículo 2, serán desempeñados por mujeres;
b) Mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3 serán desempeñados por mujeres(...)".
Que el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 581 de 2000, modificado por el artículo 1 de la Ley 2424 de 2024 indica que: "El Gobierno Nacional en el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, reglamentará los cargos a los cuales les aplicará la presente Ley".
Que la Sentencia C-371 del 29 de marzo de 2000 proferida por la Corte Constitucional, a través de la cual se adelantó la revisión constitucional del proyecto de Ley Estatutaria No. 62/98 Senado y 158/98 Cámara, hoy Ley 581 del 31 de mayo de 2000, estableció, con relación al porcentaje de participación adecuada de las mujeres en los niveles del poder público, y la aplicación paulatina de esta regla, que:
"(...) la Corte entiende que es una cuota específica y no global. Es decir que se aplica a cada categoría de cargos y no al conjunto de empleos que conforman el "máximo nivel decisorio" y los "otros niveles decisorios." A manera de ejemplo, significa que 30% de los Ministerios, 30% de los Departamentos Administrativos, 30% de la Superintendencias, etc. deben estar ocupados por mujeres y no, como algunos de los intervinientes lo sugieren, que, sumados todos los cargos, el 30% de ellos corresponde a la población femenina, independientemente de si se nombran sólo ministras, o sólo superintendentes, etc".
(...) 49- El proyecto de ley que se estudia guardó silencio sobre la forma como deberá ser aplicada la cuota mínima de representación femenina. Podría, entonces, pensarse que para hacerla efectiva muchos hombres que se desempeñan en cargos del "máximo nivel decisorio" y de "otros niveles decisorios" deberán ser desvinculados, de manera que quede libre por lo menos el 30% de dichos empleos. Si tal fuera la interpretación, sin duda alguna se causaría un perjuicio injustificado o, en otros términos, una carga excesiva en contra de personas que ocupan legítimamente los empleos en cuestión.
En consecuencia, la Corte condicionará la exequibilidad del artículo 4 del proyecto que se revisa, en el sentido de que la regla de selección que en él se consagra, se deberá aplicar de manera paulatina, en la medida en que los cargos del "máximo nivel decisorio" y de "otros niveles decisorios" vayan quedando vacantes."
Que en la Sentencia C-136 del 24 de abril de 2024 proferida por la Corte Constitucional indicó que:
“ (...)
216. Criterios para el ejercicio de la facultad reglamentaria frente a la medida de cuota. No obstante, la Sala considera importante resaltar que en el ejercicio de la facultad reglamentaria el Gobierno Nacional deberá tener en cuenta los condicionamientos a la constitucionalidad de las medidas de cuota planteadas en la sentencia C-371 de 2000 respecto de la implementación de la medida de cuota. Así, la reglamentación prescribirá que la medida de cuota en los cargos en mención, ahora tendiente a la paridad, "se deberá aplicar de manera paulatina, en la medida en que los cargos del 'máximo nivel decisorio' y de 'otros niveles decisorios' vayan quedando vacantes". Esto siempre bajo la condición de que dicha aplicación paulatina "no puede convertirse en pretexto para que, cuando las correspondientes vacantes se produzcan, se siga relegando a las mujeres en el nombramiento para los cargos que deben ser provistos".
Que de acuerdo con lo anterior se hace necesario reglamentar parcialmente la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 8 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015, el contenido del presente Decreto junto con su memoria justificativa fue publicado en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública, para conocimiento y posteriores observaciones de la ciudadanía y los grupos de interés entre el 27 de enero y el 11 de febrero de 2025.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
(Ver Directiva 021 de 2025 Procuraduria General De La Nación)