Constitución Política de Colombia · Constitución Política de 1991
Artículo 29 de la Constitución Política
Título II · De los derechos, las garantías y los deberes › Capítulo 1 · De los derechos fundamentales
El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
Artículo 29 en palabras sencillas
Este artículo consagra el debido proceso: las reglas que deben respetarse siempre que una autoridad, judicial o administrativa, toma una decisión que afecta a una persona.
Nadie puede ser juzgado sino con leyes que existían antes del hecho, ante el juez competente y siguiendo los procedimientos establecidos. Toda persona se presume inocente hasta que una sentencia la declare culpable, y tiene derecho a defenderse, a presentar y controvertir pruebas y a apelar.
Puntos clave
- Se aplica en procesos judiciales y también en trámites administrativos.
- En materia penal, si una ley posterior es más favorable, se aplica esa.
- Derecho a un abogado, escogido o de oficio, y a un proceso público sin demoras injustificadas.
- Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
- La prueba obtenida violando el debido proceso es nula.
Ejemplo
Una empresa de servicios públicos le impone una sanción a un usuario sin avisarle ni darle oportunidad de explicar su caso o presentar pruebas. Esa actuación administrativa desconoce el debido proceso, porque el usuario tenía derecho a ser escuchado antes de la decisión.
Explicación orientativa, actualizada el . No reemplaza la asesoría de un abogado sobre su caso. Ver todos los artículos explicados.
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